-No estoy aquí para hacer amigos-. Podría empezar con esa expresión cotidiana, pero no por eso menos cierta. Pero, sin duda, el post de este mes requiere poner el escudo antes de comenzar la batalla. Voy a intentar, desde una mirada crítica, (re)abrir el debate sobre las políticas sociales actuales. Aviso a navegantes: cuando hablo de política(s) no hablo de (todos los)políticos ni de (todos los)partidos políticos. Cuando hablo de “la política” la entiendo como políticas públicas; algo así como ese conjunto de decisiones y acciones que regulan los recursos (y ¿apoyos?) que las distintas administraciones ponen a disposición de las personas con discapacidad para favorecer su inclusión social.
-¡Jesús, algún ejemplo!
-Voy: El desarrollo de los Servicios Sociales, con su “Ley de Dependencia” -a la cabeza-, las políticas (¿activas?) de empleo con sus incentivos a la contratación de personas con discapacidad “como bandera” o la educación (¿inclusiva?) para el alumnado con “necesidades educativas especiales”…
-Jesús, pero ¿dónde está el problema?
-Pues precisamente en eso; en el problema en sí. Me explico:
No se trata de “poner a caldo” (hoy la cosa va de expresiomes coloquiales) a las políticas sociales, ni mucho menos a los/as profesionales que participan de la implementación de las intervenciones sociales. Lo que pretendo es animar la reflexión sobre la dirección que están tomando las actuales decisiones institucionales que están condenando a gran parte de la población a una crisis permanente con condiciones de vida indignas y situaciones de desigualad que se cronifican.
-Jesús, creo que estás exagerando.
-No lo digo yo; lo dicen los expertos. Algunos datos:
Según el último Informe Olivenza publicado (que contiene una panorámica general sobre la población con discapacidad en España, realizada a partir de fuentes de información fundamentalmente legislativas y estadísticas) el riesgo de pobreza afecta al 32% de la población con discapacidad, casi 5 puntos por encima de la población general. Por su parte, la pobreza severa afecta a un 14,7% de la población con discapacidad, por un 9,6% en la población sin discapacidad. Respecto a la población en situación laboral activa, el análisis de la ganancia bruta (salario) indica diferencias relevantes cercanas a los 2,500 euros anuales entre personas con y sin discapacidad, con diferencias muy acusadas en función de sexo y edad. En relación a los derechos, y en concreto en la educación, las desventajas muestran ciertos signos de estancamiento, sobre todo en lo relevante a reducción de tasas de analfabetismo en la población con discapacidad. Las diferencias en el acceso a la educación superior son también muy acusadas: casi un 21% de la población sin discapacidad tiene estudios superiores, por un escaso 6,7% de la población con discapacidad. El 21,5% de la población con discapacidad reconoce que tiene muy pocos o ningún amigo y son mayoría (91%) los que encuentran dificultades por discapacidad para realizar actividades culturales, deportivas o recreativas.
-Jesús, pero ¡hemos avanzado mucho!
-Sin duda el avance es significativo con respecto a la evolución histórica de las políticas públicas en materia de discapacidad. Pero, no es menos cierto, que en los últimos años las “políticas de protección social” están sufriendo una considerable merma en cuanto al presupuesto destinado, los recursos disponibles, el personal asignado y, lo que tampoco es menos grave, los objetivos y la finalidad que persiguen.
-Jesús, por favor, los recortes por la crisis son justificados…
-Sinceramente yo no encuentro argumentos para justificar que, precisamente en la actualidad que la demanda en Servicios Sociales es mayor, los Presupuestos Generales del Estado para 2016 muestren que ahora se invierte menos, en Servicios Sociales, que hace cinco años. Insisto; no lo digo yo, lo dice el Consejo General de Trabajo Social. También, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expone, por ejemplo, que con los presupuestos actuales atender a las personas en situación de dependencia, reconocidos a día de hoy, llevaría 25 años.
De verdad, que me resulta imposible justificar que 100.000 dependientes han muerto desde 2012 mientas esperaban su ayuda y casi un 37% están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho.
Por eso, los recortes son mucho más que la reducción de presupuesto. Son un abandono total de la ciudadanía, un desprecio a la vida de las personas y un enorme ejercicio de irresponsabilidad política.
-No es para tanto ¿no?
Es para mucho más. Te explico: las políticas públicas deben ser parte de la solución a los problemas de las personas y, por el contrario, se están convirtiendo en parte de los problemas a las soluciones de la gente. Es algo así como si el tratamiento propuesto por el médico se convierte en el causante de la enfermedad.
Gran parte de las decisiones políticas son humillantes. Se pretenden convertir los derechos bien en actos caritativos o bien en privilegios solamente al alcance de muy pocos afortunados. Vivimos en una incoherencia entre el discurso normativo (los derechos que recogen las normas) y el discurso político (las acciones que se “ordenan” ejecutar).
-Es que yo paso de la política…
–Debes entender que la política (en sentido amplio) repercute directamente en la vida de la gente. En el caso del colectivo de discapacidad, como en otros tantos, (de)limitan las condiciones de vida de las personas.
-Vuelvo a necesitar ejemplos…
-De la política depende que Salva, un niño de cinco años, que vivía en una cuarta planta sin ascensor, y padece paraparesia espástica familiar, una enfermedad rara que afecta a las extremidades y le impide moverse con normalidad, no estuviera ocho años atrapado en su casa sin un ascensor ante la negativa de la comunidad de vecinos de poner un elevador y la pasividad y tardanza de la Administración pública para garantizar la igualdad de oportunidades y las situaciones de discriminación en éste caso y otros similares.
De la política depende que Manolo, junto a otras muchas personas con discapacidad física, no pudieran viajar de Almería a Madrid en tren por no disponer Renfe de las plazas adecuadas para usuarios con sillas eléctricas.
De la política depende que el señor A. P. G. que consiguió por oposición una plaza como MIR en el Centro de Salud de la Laguna, en la isla de Tenerife, para formarse y trabajar en el sistema de salud público como médico de familia y que tras medio año de estar realizando su residencia, le fue denegado el apto para el ejercicio de la medicina por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sin mediar otra razón que la discapacidad.
De la política depende que Manuela, una mujer de 84 años, junto a un 25% de pensionistas en la Comunidad de Madrid, tuviera que dejar de comprar medicamentos como consecuencia de los recortes y la crisis económica.
De la política dependen tantas cosas que se pueden resumir con esta frase; “De qué estás hecho depende de la genética. En qué te convertirás de la política”.
-Entonces, Jesús, supongo que esto es el fin del paradigma de la inclusión…
-Ni mucho menos. No subestime el poder de la acción colectiva. Ya no existe tanta indiferencia ante los problemas sociales. Aunque sí creo que hay una gran desilusión ciudadana ante la fuerza que tienen las políticas. Pero estoy absolutamente convencido que cada vez somos más, y estamos mejor preparados, para construir el cambio de dirección en las actuales políticas sociales.
-Pero ¿cómo?
-¿No te has dado cuenta? Ya no te cuestionas dónde está el problema sino cuál es la solución del problema. Y ese es el primer paso para garantizar el derecho a que las personas con discapacidad tengan un mejor destino.
Jesús Muyor Rodríguez
Profesor en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de Almería.
Director de Innovación, Comunicación y Desarrollo de FAAM Almería.
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